Poco han durado los supuestos nuevos aires entrados en la Conferencia Episcopal Española (CEE) tras la marcha de Rouco Varela y la llegada de Ricardo Pérez Blázquez. El secretario general de la organización, José María Gil Tamayo, ha puesto hoy varias líneas rojas al Gobierno en temas candentes. Sobre el aborto, Tamayo ha dicho que el supuesto de malformación del feto no es "negociable" y sobre la imposición de la asignatura de Religión en Bachillerato ha exigido al Ejecutivo que ponga impedimentos para que las Comunidades Autónomas no puedan librarse de esa exigencia de los obispos.

En un desayuno organizado por la COPE y celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid, Tamayo ha dejado clara su posición sobre el aborto: "Yo no quisiera que en el anteproyecto, la cuestión de la malformación del feto fuera un ámbito de lo negociable para su tránsito en la aprobación o la discusión parlamentaria"

"Intercambiable por una negociación"
Según el secretario general de la CEE, "un niño en el seno de la madre con deficiencias no es intercambiable por una negociación política" y ha exigido a los políticos que no hagan de este tema "un arma arrojadiza, de controversia electoral".

"No es una opción entre libertades"
Por el contrario, ha reclamado "políticas sociales" para la conciliación laboral. "Se está hablando de libertad de la mujer, pero nadie está hablando de conciliación de la vida del trabajo de la mujer con su papel insustituible como madre", ha dicho. Según él, hay que ayudar a la mujer "no en una opción entre libertades" sino con medidas que "acompañen y faciliten que una mujer no se vea en esa tragedia" de tener que elegir "la muerte de un hijo". La maternidad, según Gil Tamayo, "no es algo por lo que haya que dar el pésame a una mujer".

Obligación de Religión
Por otra parte, el portavoz de los obispos también ha leído la cartilla al Gobierno en lo que respecta a la imposición de la asignatura de Religión en Bachillerato. Así, ha exigido que la transferencia a las Comunidades Autónomas "no lo impida". "Me gustaría, sobre todo en Bachillerato, que el desarrollo de los decretos lleven esa exigencia de que sea contemplado el derecho de los padres a la educación de sus hijos o que los propios alumnos".

"Una obligación que contrajo el Estado"
Esta transferencia, ha subrayado, no solo supone "transferir un derecho sobre la educación" sino también "una obligación que ya contrajo el Estado con los acuerdos con la Iglesia católica y con los acuerdos con las confesiones".