El Govern Balear, mediante su consejero de Medio ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha mostrado su “máxima indignación” después de enterarse, por medio de Alianza Mar Azul, entidad de la cual el Gobierno forma parte, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente ha otorgado una prórroga de nuevo meses a Spectrum Geo Limited porque continúe la tramitación de su proyecto de prospecciones de hidrocarburos a la mar Balear, cuando el procedimiento ya ha caducado.

Petición de archivo del expediente

Esta promotora disponía de un plazo de dieciocho meses, que acababa el 20 de abril, para hacer las tramitaciones ambientales correspondientes. En esta fecha el Ministerio tendría que haber decidido archivar el expediente u otorgar una ampliación de plazo. Por eso, la semana pasada tanto Alianza Mar Azul como la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, entendiendo que el proyecto había caducado, pidieron que se archivara el expediente.

En cambio, día 3 de junio el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, firmó una resolución por medio de la cual se concedía una prórroga de nueve meses más a la compañía, fuera de tiempo, para salir adelante el proyecto. El consejero considera que esta prórroga es una maniobra que un “gobierno en funciones” ha hecho “a escondidas” y que es una “carencia de respeto” que se saque a exposición pública un proyecto en “plena campaña electoral”. Aún así, ha alertado que el ejecutivo estatal “se puede preparar para un alud de alegaciones” a raíz de este “atrevimiento del Partido Popular”, que considera “de vergüenza”.

Doble discurso del PP

En este sentido, ha pedido al PP de las Islas Baleares que mantenga en Madrid el “discurso que tiene en las Islas Baleares” en contra de las prospecciones de hidrocarburos, y que las “suyas famosas influencias” permitan “solucionar asuntos como este y no los aceleren”.

El consejero asegura que la prórroga otorgada por el Ministerio a Spectrum es ilegal, dado que se ha producido fuera de plazo, y que los servicios jurídicos probarán de impugnarla, a pesar de que admite que es difícil puesto que según el artículo 49.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, estos acuerdos no son susceptibles de recursos.

El consejero ha incidido en el disparate que es que el Ministerio esté a favor de la propuesta que el corredor migratorio de cetáceos que transcurre entre las Islas Baleares y las costas de Cataluña y Valencia sea declarado zona especialmente protegida de importancia para la mediterránea (ZEPIM) y asegure que ha iniciado los trámites a la vez que continúa dando prórrogas para proyectos que lo afectan directamente.