Andalucía es hoy la Comunidad Autónoma con rentas medias más bajas (hasta un 37% inferior a la que se registra en los hogares del País Vasco o Navarra).

Más del 43% de la población andaluza se encuentra ya en riesgo real de pobreza y exclusión social. Hace seis años ese porcentaje era mucho menor (33%).

El 12% de nuestros hogares no pueden hacer uso de la calefacción o del aire acondicionado para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada.

Casi 6 de cada 10 hogares andaluces viven al día, no tienen capacidad alguna para afrontar gastos imprevistos.

Prácticamente un 4% de nuestros hogares no puede mantener una dieta adecuada. No pueden permitirse el lujo de comer carne o pescado cada, al menos, dos días a la semana.

Los datos conocidos hace unas semanas con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ponen de manifiesto que la situación en Andalucía no solo no mejora sino que, en términos generales, es cada día más precaria. Tras prácticamente nueve años de continua crisis, los principales culpables de la dramática situación actual no solo no han reconocido su responsabilidad sino que, rozando lo irónico, continúan alardeando públicamente de las importantes mejoras registradas en sus cuentas contables de beneficio empresarial.

Frente a ello, los trabajadores continuamos asistiendo diariamente a la destrucción de miles de puestos de trabajo; vemos cómo cientos de familias son víctimas de nuevos desahucios y se ven obligadas a abandonar sus hogares;  comprobamos horrorizados cómo se agotan unas indignas prestaciones por desempleo y las pensiones de nuestros mayores se convierten en la única fuente de ingreso de cada vez más familias andaluzas.

Cualquier manual de economía social establece que precisamente en los momentos de crisis es cuando las Administraciones deben implementar esfuerzos para profundizar en la mejora de los derechos sociales. Por ello, desde UGT Andalucía exigimos que los Presupuestos Generales del Estado y los de la Junta de Andalucía sean unas cuentas por y para los ciudadanos, que no escondan nuevos recortes. Que implementen las políticas sociales. Si queremos que Andalucía no se quede atrás, necesitamos combatir la exclusión social y la pobreza a través de políticas que faciliten la inclusión activa, que aborden de forma global los ingresos, las relaciones en el mercado laboral y el acceso a los servicios de calidad, tal y como dicta la Comisión Europea en su Recomendación de 3 de octubre de 2008 sobre inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral.

Exigimos a la Administración que garantice unos ingresos mínimos a todas las personas, unos servicios sociales básicos más eficaces y eficientes, empleo de calidad y unas pensiones mínimas suficientes. Exigimos planes reales y urgentes que reactiven  la economía  y evite que se siga destruyendo empleo. Exigimos una reforma  de nuestro sistema financiero para garantizar el flujo de crédito a las familias, empresas y autónomos. Exigimos el impulso de las políticas de empleo y la mejora de la protección por desempleo.  Exigimos que se garantice a la ciudadanía un nivel de cobertura social que les permita obtener un nivel de renta digna para cubrir sus necesidades, atendiendo prioritariamente a aquellos casos en riesgo de exclusión.