"No va a llamarse Comisión de la Verdad, pero va a tener la composición y las funciones que cualquier comisión de la verdad en cualquier país del mundo ha tenido". Son palabras del diputado de Podemos Andalucía Jesús de Manuel mostrando su satisfacción por haber logrado luz verde a 17 de las 19 enmiendas presentadas a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, impulsada por IU y PSOE cuando ambos gobernaron en coalición. La enmienda relativa a la Comisión de la Verdad no fue aceptada como tal, aunque sí hubo acuerdo con el PSOE sobre los términos en que se materializará finalmente.
La previsión es que a mediados de marzo la Ley de Memoria Democrática se incluya en el orden del día del Parlamento de Andalucía, con lo que la comunidad sería la primera en tener una Ley de Memoria propia. Para la parlamentaria socialista María Márquez, "los representantes del Parlamento, con la aprobación de este dictamen vuelven a estar a la vanguardia".
Matices terminológicos
No obstante, Márquez matizaba que la ley no contempla una Comisión de la Verdad en Andalucía, como solicitaba Podemos, sino que se creará una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía y que será enviado a una todavía por crear Comisión de la Verdad nacional, órgano cuya creación defiende el PSOE.
La diputada expresaba también la satisfacción de su grupo por la aprobación en la Comisión de Cultura del dictamen de la Ley de Memoria Histórica, que calificó como "un impulso definitivo" que permitirá "después de tantos años cerrar heridas y construir un relato común de la historia". Sin embargo, las reticencias, cuando no el abierto rechazo, del Partido Popular no van a poner las cosas fáciles en ese sentido.
Lo que dice la ONU
Las comisiones de la verdad creadas en distintos países del mundo en las últimas décadas han sido una manera de esclarecer la violación sistemática de derechos humanos en épocas de guerra o con gobiernos autoritarios.
El informe emitido en 2014 por el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, era a este respecto inequívoco y muy crítico con la democracia española: "No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de "privatización" de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales".
De Greiff criticaba que el enfoque del Gobierno español era: 'O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto'. En su opinión, "los vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser".
Satisfacción de Podemos
Para Podemos Andalucía, la comisión aprobada permitirá que "hacer un informe de lo que ocurrió en la Guerra Civil y los crímenes franquistas en Andalucía, y ese informe va a ir al Parlamento, va a ir al Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Pueblo estatal, y va a ir al Congreso de los Diputados, para que, en un futuro, cuando haya, como deseamos, una Comisión de la Verdad de ámbito estatal, las conclusiones del grupo que se va a crear en Andalucía puedan incorporarse a ella".
“No es el cien por cien de lo que esperábamos, pero creemos que hemos alcanzado la gran mayoría de nuestro objetivos", opinaba De Manuel.
