La opinión de la Fiscalía Anticorrupción era contundente: "No existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas".
Ahora, la juez María Núñez Bolaños comparte esa opinión del Ministerio Público y rechaza imputar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza separada de los cursos de formación que investiga al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda por los 33 millones de euros que recibió su grupo de empresas para impartir formación a los extrabajadores de Delphi.
La petición de incluir a ambos expresidentes como investigados había partido de la Asociación de Trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados recibieran a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sendas demandas en las que se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo. En su auto, la juez no ve indicios de "un supuesto engaño por representantes de la administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".
Relaciones simuladas
En el escrito remitido al juzgado, Anticorrupción explicaba que la Junta de Andalucía concedió ayudas excepcionales al dispositivo Delphi y "se simularon relaciones laborales inexistentes", lo que permitió reducir la conflictividad social en la Bahía de Cádiz y que un grupo de trabajadores recibieran un salario con cargo a las subvenciones. En esta causa están investigados -antes imputados- los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Manuel Recio.
"Existen serios indicios" de que estas relaciones laborales "fueron simuladas de manera consciente" por la Junta, incluidos los consejeros de Empleo que concedieron las ayudas, agrega la Fiscalía antes de indicar que esto podría suponer la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Depredación de fondos
"A ello ha de unirse la depredación de esos fondos que realizó el entramado del investigado Ojeda, donde con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la Administración", concluye Anticorrupción.
Por todo ello, la Fiscalía considera que el objeto procesal es coincidente pero no idéntico al denunciado por los trabajadores y que ni los anteriores operarios de Delphi, "ni por supuesto la asociación", son perjudicados. Esta pieza de los cursos de formación es una de las nueve en las que la juez Núñez dividió en diciembre de 2015 esta macrocausa.
