Nunca hubo tocamientos. Ni besos en la boca. Ni favores sexuales. No hubo enamoramiento. Ni vínculo homosexual. La relación era cristiana y fraternal. Las acusaciones son completamente falsas. Todas ellas.

Estas frases resumen el testimonio prestado hoy por el padre Román M.V.C. ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia de Granada por haber abusado de un menor de su parroquia desde 2004 a 2007. Además de las acusaciones pública y particular, el propio Arzobispado de Granada dio inicialmente versomilitud a la denuncia.

Tras llegar a la Audiencia rodeado de una nube de cámaras y fotógrafos, con gesto serio pero sereno, el cura Román entraba en la sala que decidirá si tienen o no razón las acusaciones, que piden para él entre nueve y 15 años de cárcel.

Ninguna queja jamás

El sacerdote, que ha dicho que ha tratado en su vida pastoral con “cientos, miles de jóvenes” sin tener jamás queja alguna de ninguno de ellos, ha admitido que conoció al denunciante cuando éste tenia nueve en la parroquia granadina de San Juan María Vianne, adonde acudió un año antes de hacer la comunión. Siendo catequista, el chico participó en algunos de los encuentros que el grupo de sacerdotes liderado por Román mantenía en distintos inmuebles y donde, según ha relatado el acusado, el chico se quedó a dormir pero solo en "alguna ocasión".

Sobre el denominado clan de los Romanones, el acusado ha dicho que solo eran un "grupo de amigos" que participaban juntos en distintas actividades "iluminados por el evangelio" pero desde una "libertad total".

¿Un grupo organizado?

En su momento, la acusación pidió al Juzgado que practicara las diligencias necesarias para investigar la “posible existencia de un grupo organizado para delinquir, específicamente para la comisión del delito de corrupción de menores”, compuesto por los diez curas investigados inicialmente por supuestos abusos sexuales y dos laicos.

La petición se realizó a la vista del contenido del expediente canónico remitido al Juzgado de Instrucción número 4 por el arzobispo de Granada, Javier Martínez, tras múltiples requerimientos judiciales. Martínez se negó de manera reiterada a enviar al juez la copia íntegra de las actuaciones realizadas por la Iglesia con el pretexto de que estaban bajo secreto pontificio, algo que en ningún momento ratificó la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Al inicio de la sesión de hoy, el tribunal no ha admitido la cuestión previa planteada por la defensa del padre Román pidiendo la nulidad de este expediente canónigo, que se ha incorporado en la causa en una pieza separada y en el que se recoge la declaración sobre este supuesto caso de abusos de tres de las personas inicialmente investigadas en la causa, que tuvo un total de doce imputados.

La Sala ha rechazado sacar este informe canónigo del proceso al entender que no se obtuvo de manera ilícita, en tanto que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo entregó de manera voluntaria y por considerar que no se han vulnerado derechos procesales o el derecho de defensa del acusado.

La investigación arzobispal

Y es que la investigación previa realizada en su día por el Arzobispado de Granada concluyó que existían indicios de delito en el caso de los supuestos abusos sexuales. Así lo sostuvo el arzobispo de Granada, Javier Martínez, en respuesta a un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 4 sobre las acciones llevadas a cabo por el prelado de acuerdo con la disciplina canóniga.

Martínez relató al juez que recibió una notificación de la Santa Sede a finales de agosto de 2014, con la indicación de actuar, según el procedimiento canónigo, contra Román y dos sacerdotes más. “Tuve una conversación con cada uno de los tres sacerdotes acusados el 15 de octubre, en las que les comunique el hecho de las acusaciones, les di la oportunidad de admitirlas o negarlas, y en la que le impuse a los tres, de acuerdo con la disciplina de la Iglesia, las medidas cautelares”, declaró el arzobispo en su día ante el juez instructor.

“Esta documentación fue enviada a la Santa Sede, que es la que tiene la competencia en el ámbito canónigo para pasar a la vía judicial”, añadió. El arzobispo cerró el expediente administrativo en falso y dejó el caso en manos de la Santa Sede “y de la Virgen”. Las medidas adoptadas por el arzobispo el 15 de octubre puso sobre aviso al grupo de los Romanones.