Todos los ‘romanones’ sospechosos de abusos sexuales, salvo el padre Román, se han librado finalmente de ser enjuiciados. Solo el cabecilla de los abusos sexuales a un menor se sentará en el banquillo en el juicio que comienza este lunes en la Audiencia de Granada. Entre los más cuarenta testigos que están llamados a declarar figura el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y 14 peritos propuestos por las partes.
La Audiencia de Granada desestimaba en septiembre de 2015 el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la prescripción acordada por el juez instructor, entendiendo que practicar sexo anal o felaciones o exhibirse desnudos en la piscina delante de un menor, integraría un delito de exhibicionismo, declarado prescrito en el auto del juez instructor, “pero no supone la utilización del menor con fines pornográficos, siquiera privados”.
El padre Román M.V.C. sí se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, entre 2004 y 2007. La acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal y pide 15 años de prisión, mientras que la defensa solicita la libre absolución.
La llamada al Papa
El caso estallaba noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos. La decidida atuación del papa Francisco contrastó con la actitud remolona del arzobispo, que conoció el caso antes que el Vaticano pero no actuó.
El caso alcanzó gran trascendencia cuando se supo que el joven comunicó por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.
