Nada en Jaén. Nada en Sevilla. Y, ahora, nada en Málaga. La macrocausa de la formación hace aguas por todas partes. Donde la jueza Mercedes Alaya, primera instructora del caso, creyó ver una trama clientelar equiparable a la de los ERE, los jueces y fiscales que han continuado con las investigaciones no han visto nada. Al menos hasta ahora.
Hoy se ha conocido que la Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento de la investigación a funcionarios y altos cargos en la causa por las presuntas irregularidades en dos convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo. El trabajo llevado a cabo durante meses por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no queda precisamente en muy buen lugar, aunque el fiscal no aluda explícitamente a ello.
Teorías de la conspiración
En un auto de febrero pasado, la juez de Sevilla María Núñez se mostró extremadamente dura con las "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que sostenía su antecesora Mercedes Alaya a partir de una serie de meras “irregularidades administrativas" que primero la Guardia Civil con su deficiente interpretación de esas irregualridades y luego el PP con su aval político a las hipótesis policiales convirtieron en un macrocaso que está quedando en nada.
En esa misma línea, el Ministerio Público de Málaga descarta completamente “un concierto entre todos los funcionarios integrantes de cada departamento para malversar o utilizar ilegítimamente fondos públicos", ya que eso "equivaldría a aseverar la existencia de una organización criminal que de manera coordinada y mediante la distribución de diversas funciones entre los integrantes hubiera tenido como objetivo defraudar". Una hipótesis que para el ministerio público es "insostenible si se atiende a la meticulosa instrucción judicial realizada". Según la Fiscalía, "no existe delito de malversación de caudales ni de prevaricación ni cualquier otro tipo delictivo".
Escaso personal
Como en otras provincias, lo que sí se ha comprobado en Málaga "es la existencia de una Administración pública con personal escaso para llevar a cabo el examen previo, control, seguimiento y verificación del correcto desarrollo de cada una de las actividades formativas en proporción a la enorme cantidad de dinero subvencionable y el alto número de cursos", según considera el ministerio fiscal.
Centradas en dos convocatorias de 2010, con un total de 27 sociedades examinadas, las investigaciones judiciales no confirman indicios delictivos. De hecho, al margen de esta pieza principal de los funcionarios y políticos, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas y la mayoría de las diligencias referidas a las empresas ha sido archivada.
Detenciones
En junio del año pasado, el juzgado de instrucción número 4 de Jaén archivaba la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado "irregularidad alguna". El de Jaén era el primer auto de sobreseimiento en el marco de las 16 causas abiertas en Andalucía por esta macrocausa. Sabalete llegó a ser detenida en Jaén y trasladada a Sevilla a declarar ante la juez Mercedes Alaya cuando esta dirigía la investigación.
En octubre pasado, la juez María Núñez también archivaba la pieza política del caso con un auto demoledor: "No revisten el carácter de delito de malversación ni de prevaricación" los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades" en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados por la Junta de Andalucía a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012. En numerosas intervenciones públicas, el PP andaluz ha cifrado el fraude en unos 3.000 millones de euros. Hasta ahora, no ha recitificado.
