Era cuestión de tiempo y así lo ha habían dado a entender semanas atrás los dirigentes populares. Con el argumento central de "la pérdida de apariencia de imparcialidad", el PP andaluz ha recusado al magistrado Pedro Izquierdo, que entre 2008 y 2014 ocupó un alto cargo en la Junta de Andalucía y que ha sido designado por sorteo como ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.
El PP, que ejerce la acusación popular en la macrocausa, se suma así a una petición que había realizado también el falso sindicato Manos Limpias, cuyo líder principal está en prisión por diversos delitos. Sobre la doble petición de recusación tendrá que pronunciarse ahora la Fiscalía Anticorrupción.
Las dos varas del PP
No ha defendido el PP, sin embargo, esta doctrina de la apariencia de imparcialidad cuando los jueces objeto de recusación han tenido vinculación directa con la formación conservadora.
En octubre de 2015 y en contra del tenaz criterio del PP, la Audiencia Nacional aceptaba las recusaciones de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel para enjuiciar la trama Gürtel por los estrechos y conocidos vínculos de ambos con el partido cuya corrupción habían de juzgar. Ambos jueces habían rechazado, con el respaldo del PP, apartarse de forma voluntaria del caso.
En el escrito presentado entonces, el PP consideraba "no concurría en los magistrados motivo de recusación alguno". Argumentaban los representantes legales de Génova que el hecho de haber propuesto a estos magistrados para importantes cargos en el Consejo General del Poder Judicial y, en el caso de López, del Tribunal Constitucional, "no acredita de ninguna manera que tengan interés directo o indirecto en la causa".
‘Interés en la causa’
En contra de lo sostenido por sus abogados en el caso Gürtel, el PP andaluz argumenta que esta vez sí hay “una obligación para el juez de apartarse o abstenerse” al concurrir “circunstancias que puedan hacer pensar a las partes y a la sociedad que es parcial" o que puede tener “un interés directo o indirecto en la causa".
Dado que el magistrado Pedro Izquierdo ejerció como secretario general de la Consejería Justicia, con rango orgánico de viceconsejero, el tribunal “ha de reconocer y aplicar con el rigor debido la doctrina sobre la apariencia de imparcialidad, con la finalidad de preservar y afirmar la confianza de las partes y de la sociedad en los jueces y tribunales frente a la sospecha de contaminación político-partidista en un proceso penal sensible".
Recuerda el escrito que el magistrado fue nombrado por Chaves, "permaneciendo en el cargo durante el periodo en el que otro de los acusados fue presidente de la Junta", en referencia a Griñán, "hasta que fue cesado en el año 2014 por la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz".
