Un político "debe dar ejemplo, y las continuadas ausencias en reuniones y comisiones parlamentarias de la diputada se alejan de la responsabilidad y buen hacer que debe ejercer un cargo público".

Es el argumento principal dado por la dirección nacional de Ciudadanos para suspender de militancia a su diputada por Málaga en la Cámara andaluza, María del Carmen Prieto, a la que acusa de "no cumplir los valores y principios éticos de la formación", que es la diplomática fórmula utilizada por la formación naranja para insinuar que la parlamentaria no trabaja.

La diputada cuenta con un periodo de diez días para presentar alegaciones contra una medida que es efectiva desde ayer, pero cuando la suspensión sea definitiva, la organización pedirá a Prieto que entregue el acta de diputada.

'Un vil acoso'

Sin embargo, seguidores de Prieto en su cuenta de Twitter interpretaban la decisión disciplinaria como “un vil acoso personal y laboral” o como “represalias contra una diputada honesta por criticar el contubernio con el PSOE”. En esa cuenta de la red social la parlamentaria malagueña se define así: “En la actualidad soy parlamentaria andaluza por Málaga. Por Movimiento Ciudadano (RIP) sigo en la lucha. Si piensas en naranja, ni se te ocurra pensar diferente”.

Prieto denunció en febrero "prácticas sectarias" en la dirección de su grupo parlamentario por apartarla de las portavocías de las comisiones de Empleo y de Igualdad y Políticas Sociales por, según explicaba, "discrepar" del rumbo tomado por la formación y sus acuerdos con el PSOE-A.

Mayoría justa

Actualmente, Ciudadanos cuenta con 9 escaños en el Parlamento, que sumados a los 47 del Partido Socialista garantizan con 56 la mayoría absoluta en una Cámara de 109 diputados. La defección de Prieto dejaría esa mayoría absoluta de PSOE y Ciudadanos en 55, a solo uno de perder la mayoría.

Ciudadanos ha explicado que expediente sancionador no es nuevo, sino que amplía el que ya se le abrió hace unas semanas por recopilar datos de afiliados y voluntarios del partido sin el consentimiento de la dirección, si bien Prieto lo niega.