Este miércoles la Cámara andaluza ha rozado el rizo de los malabarismos parlamentarios: la comisión para buscar responsables políticos del fraude de la formación se ha saldado… ¡sin responsables políticos! A ello se suma que el tramo final de los trabajos de la comisión ha coincidido con una cascada de archivos de judiciales que ha ido restando trascendencia a lo que ocurría en la investigación parlamentaria.

Paradojas de la política

Sorpresivamente y tras un año y medio de trabajos, la comisión de investigación sobre el supuesto fraude en las ayudas a la formación echa el cierre sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente en comisión se recogía que Chaves y Griñán habían sido “responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y habían ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, y como tales son responsables".

La estrategia parlamentaria de Podemos de negarse a votar el dictamen de conclusiones, por su desacuerdo con el desarrollo de los trabajos, ha tenido el efecto paradójico de eximir de responsabilidad política a los expresidentes, y ello a pesar de que todos los grupos salvo el PSOE coincidían en que ambos incurrieron en dicha responsabilidad. Los puntos del dictamen que acotaban las responsabilidades tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados han sido votados aparte a petición del PSOE.

La extraña votación

Como se esperaba, el PSOE ha votado en contra y PP y Ciudadanos lo han hecho a favor. La sorpresa ha estado en la decisión de Podemos de no participar en la votación, con lo cual el resultado ha sido de 42 votos a favor –PP más C’s– y 48 en contra –los 47 socialistas y un voto equivocado de un diputado de IU. Precisamente, la federación de izquierdas tampoco ha votado alegando no entender exactamente el sentido de la votación; luego ha pedido repetirla pero el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se ha negado a ello.

En palabras de su diputado Juan Moreno Yagüe, la formación morada justifica su negativa a votar en que esa era su “manera de llamar la atención mostrando que no queremos participar de esta pantomima”.

El PSOE no sale mal parado

Por lo demás, los socialistas no salen del todo mal parados de una comisión cuya creación no pudieron impedir debido a la aritmética parlamentaria. El resto del dictamen ha sido aprobado con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos, mientras PP-A e IULV-CA se pronunciaban en contra y Podemos se mantenía en sus trece de no votar. Una vez aprobado el dictamen, no se han sometido al escrutinio de la Cámara los votos particulares de los grupos de la oposición que pedían también la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por haber mantenido la suspensión de los cursos decidida en su día por el anterior Gobierno de PSOE e IU.

El único reproche a la gestión de la formación que los socialistas han apoyado, junto a Cs, y por tanto ha salido adelante, ha sido el relativo a las dificultades organizativas y al retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones.

Ningún reproche grave

El dictamen aprobado rechaza lo relativo a la falta de seguimiento y evaluación de las acciones formativas; la falta de control exhaustivo de las ayudas; la ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, la justificación y revisión de las subvenciones; la falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos; y la no comprobación, en algunos casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos.

Y también se ha rechazado que la Junta no haya llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional sobre sus subordinados, como recogía el dictamen aprobado por la comisión.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones aprobadas figura exigir al Gobierno de la Nación el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad.

También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.