La creciente desafección política demanda profundizar en la calidad democrática de nuestro sistema político. La democracia se basa en tres pilares: ciudadanos, instituciones y actores –partidos políticos- que enlazan los dos primeros. Cuando los ciudadanos apuntan con desconfianza a las instituciones y señalan a los partidos como un problema, no como una vía de solución, algo va mal y es momento de actuar.
Es preciso perfeccionar la estructura y funcionamiento de los partidos, a quienes el artículo 6 de nuestra Constitución les otorga funciones fundamentales en el engranaje democrático: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento de participación política. Para cumplir ese cometido la Constitución les exige la práctica de un funcionamiento democrático. Pero sus estructuras internas, sus formas de participación, organización y toma de decisiones no siempre responden suficientemente a la exigencia constitucional. Contribuye a ello que la legislación derivada adopta una postura muy laxa, con muy pocas medidas concretas y vinculantes para a garantizar un adecuado nivel democrático.
Resulta indispensable abundar en una mayor democratización dado que los partidos, junto con el sistema electoral, juegan un papel crucial en la participación política y, además, porque proyectan sus formas de hacer a las instituciones y al sistema político en su conjunto. Una mayor calidad democrática del sistema se consigue con la instroducción nuevas prácticas en la legislación actual: celebración de primarias, limitación de mandatos, paridad en las listas electorales o la existencia de órganos internos de garantía y control independientes, entre otros aspectos.
Por otra parte, la caída en valoración de los partidos tiene mucho que ver con la corrupción que ha golpeado a distintas formaciones políticas. Una lacra que tiene el terreno más abonado cuanto peor es el funcionamiento democrático de estas organizaciones y que es necesario combatir con mayores controles, mejores fiscalizaciones, más transparencia y sistemas de rendición de cuentas.
Las nuevas prácticas deberían influir también en la financiación estatal de los partidos, no solo los votos y escaños conseguidos.
Con tales premisas, el PSOE, en cumplimiento de su compromiso electoral y después de aplicar a en su estructura interna muchas de las medidas, ha presentado en el Congreso una iniciativa que, además de apostar por la unificación de la legislación que atañe a los partidos políticos en una sola ley Orgánica, insiste en la necesidad de introducir, por ley, nuevas prácticas que garanticen unas estructuras, organizaciones, tomas de decisiones y funcionamientos más democráticos, transparentes y con mejores controles.
Los partidos no pueden ser percibidos como organizaciones que, sin la debida democracia interna, ocupan el lugar del ciudadano y vacían de contenido y de sentido la participación. Ni tampoco como organizaciones donde prospera sin trabas la corrupción, en vez de ser un ejemplo de gestión y fiscalización.
Es obvio que, aunque las últimas modificaciones legislativas han supuesto avances, resultan aún insuficientes si queremos que los partidos recuperen credibilidad y proximidad y jueguen, con mayor solidez, el papel que les reserva la Constitución. De ahí su imperiosa necesidad de reforma.
