Cataluña
Diputados de CDC en el Congreso.., insufiencientes seguramente para formar grupo propio. Como en el Senado. EFE
Diputados de CDC en el Congreso
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EFE

El entierro judicial de la ‘sociovergencia’

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Lun, 6 Mar 2017

El PSC y CDC nunca gobernaron juntos la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona; sin embargo, la sociovergencia dominó Catalunya durante décadas. Esta conocida expresión definía una determinada visión hegemónica del país, era un estado de ánimo de los poderosos que estaba en la cabeza y en el bolsillo, pero no en el gobierno. Esta semana, con los juicios de los casos Palau y Pretoria se le cantaran las exequias judiciales y todo el mundo abjurara del oasis catalán, la denominación política de aquel estado de ánimo.  

Gemma Montull, ex directora financiera del Palau de la Música, modificará mañana el curso de la vista oral por el expolio sistemático de la entidad cultural, para convertirlo definitivamente en el caso Convergència. La declaración, confirmada ayer por su padre Jordi Montull, socio de Fèlix Millet en el saqueo del Palau, permitirá a la Fiscalía centrar toda la atención y todas las sospechas en la financiación ilegal de CDC, pivotada por Daniel Osàcar, ex tesorero del partido.

A la espera de las diversas causas abiertas entorno al 3%, la nueva orientación del caso Palau representará una amenaza muy seria para los intentos del Pdcat de dejar atrás los viejos tiempos. Probablemente la más grave, según los indicios acumulados durante la instrucción que mañana Gemma Muntull puede multiplicar por mil, hasta acreditar la acusación de la existencia de una corrupción estructural en CDC, lanzada hace poco por la alcaldesa Ada Colau.

La agenda judicial

La agenda judicial ha querido que la causa por la supuesta financiación ilegal de CDC, por culpa de la cual las 15 sedes del partido están embargadas preventivamente para hacer frente a los 3,5 millones de euros de responsabilidad civil solicitada por el fiscal, coincida con la apertura del juicio por el caso Pretoria. Son dos modalidades de corrupción diferentes. El primero atañe a una supuesta financiación ilegal del partido y el segundo al enriquecimiento personal de diferentes y relevantes dirigentes de CDC y PSC gracias a la política. Una y otra son sintomáticas del clima de hipotética impunidad existente en aquel oasis catalán, el de las 400 familias a las que se refirió un día Fèlix Millet para destacar la estabilidad y seguridad del sistema: somos siempre los mismos y estamos en todas partes.

La expresión de aquella hegemonía social y empresarial fue la sociovergencia. Era un gran centro de confianza política no establecido formalmente, bendecido por las élites económicas y culturales, que no evitaba la lucha a muerte entre PSC y CDC por el gobierno de las instituciones, pero que de existir, existía, según parece. De este oasis quedaban excluidos el PP, por marginal y españolista; ERC, por minoritario y por un cierto desdén ideológico y social por parte de Convergència que todavía hoy está en la base de la desconfianza entre republicanos y convergentes; y el PSUC, destartalado por los reveses electorales y por la atracción que ejercía en muchos dirigentes comunistas el enorme poder acumulado por los socialistas.

 “Si entro aquí, todos saldremos perjudicados (“tots prendrem mal”), dijo hace algunos años Jordi Pujol, refiriéndose a las denuncias por corrupción y apelando veladamente a una teórica exigencia de respeto mutuo en estas cosas tan delicadas. Luego lo repetiría con diferentes fórmulas, tras declararse él mismo infractor fiscal, pero aquella primera vez fue hecha en TV3, casualmente en la vigilia del inicio de la operación Pretoria por parte de Baltasar Garzón.

Garzón imputó a 21 personas por diversos delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de dinero por diversas operaciones en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de LLavaneras, Badalona y Hospitalet. Al final, el juez Pablo Ruz limitó el caso a Santa Coloma, exculpó a la mitad de los imputados, dejando el caso centrado en los cinco acusados más relevantes: Bartomeu Muñoz, ex alcalde socialista de santa Coloma, Manuel Dobarco, concejal de urbanismo de este consistorio, Macià Alavedra, ex consejero de la Generalitat por CDC, Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Generalitat con Pujol y Luís Andrés García, Luigi, ex diputado autonómico por el PSC, considerado el cerebro de este supuesto grupo organizado que se habría enriquecido con diversas operaciones urbanísticas.

La transversalidad del grupo lo convierte en el paradigma de la sociovergencia, aunque algunos informes de Hacienda y de los peritos judiciales rebajan la tipología de los delitos y el volumen del perjuicio económico ocasionado a las arcas municipales, fijado inicialmente en casi 45 millones de euros. Al margen de que las decisiones de Ruz permitan pensar en la creación de cierta burbuja acusatoria durante la instrucción, abierta con una polémica pena del telediario para varios de los principales detenidos durante la operación policial, este caso tuvo desde el primer momento un efecto revelador de las sospechas populares sobre las consecuencias inconfesables de la sociovergencia.   

 

Jordi Mercader es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.