Cataluña
Vista general del Tribunal Supremo en la vista de los recursos presentados contra la condena a un año para los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias y contra las absoluciones para la antigua cúpula d
Vista general del Tribunal Supremo en la vista de los recursos presentados contra la condena a un año para los exresponsables del Palau de la Música.
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EFE

Todo por la sardana

El tesorero de CDC niega rotundamente el 3% y el pago de facturas falsas

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Jue, 9 Mar 2017

Daniel Osácar, el tesorero de CDC cuando el Palau de la Música patrocinaba a la Fundación Trias Fargas con dinero de Ferrovial (tal y como explicó Millet, Montull y su hija y como cree la Fiscalia) explicó ayer que todo se hacía para defender las sardanas, las corales y la música catalana en general. En cambio, negó rotundamente lo del 3%, el pago de facturas falsas y dinero en mano para el partido. “Se ha mentido y mucho” le dijo al fiscal, “todo es falso, usted debe creerme”. Emilio Sánchez Ulled susurró que no le creía y prácticamente no le interrogó sobre esta cuestión, esperando seguramente a la comparecencia de los acusados de Ferrovial.

En su declaración, Osácar no consiguió explicar exactamente en qué se gastaron los 600.000 euros recibidos por la fundación Trias Fargas del Palau de la Música. El objeto de los sucesivos convenios quedó meridianamente claro: promocionar la cultura catalana. Pero la mecánica del gasto quedó algo confusa: las sectoriales del partido se encargaban de influir en los ayuntamientos que gobernaban (unos 600) para que se programaran en las fiestas mayores sardanas y actuaciones de grupos musicales catalanes (“para que no todo fuera música andaluza”), también para incentivar la creación de corales. El coste de la contratación de los grupos musicales, sardanistas o corales lo pagaban los respectivos ayuntamientos.

 Expandir la cultura catalana

“La mancha de aceite para expandir la cultura catalana” a la que se refirió Osácar, le salía gratis a la fundación, dado que, según sus palabras, ésta se limitaba a instruir a los militantes de CDC para que éstos sensibilizaran a los gobiernos municipales y a las opiniones públicas locales de la conveniencia de programar arte y cultura catalanes. Este relato coincide en la esencia con las declaraciones efectuadas en el año 2013 en el Parlament por Antoni Vives, entonces teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona y anteriormente director de la fundación Trias Fargas.

En aquella comparecencia, cuando la fundación sucesora de la Trias Fargas, rebautizada como CatDem, ya había devuelto los 600.000 euros al Palau, Vives enseñó a los diputados algunas de las publicaciones efectuadas al efecto de la sensibilización. Hace unas semanas, el ex teniente de alcalde fue detenido por unas horas en el transcurso de la operación Pika en la que se investiga el supuesto pago del 3% en diversas obras públicas en Barcelona durante el mandado de Xavier Trias.

Mónica Terribas, la voz de Catalunya Ràdio, comentó ayer durante su programa refiriéndose al miércoles judicial: “Fue un mal día para Convergència”. Todo parece indicar que no va ser el último, o tal sea el primero de la secuencia final para conocer la realidad de las sospechas de la financiación ilegal de CDC durante mucho tiempo y según las últimas investigaciones, hasta hace bien pocos meses.

Las declaraciones de Millet y los Montull sobre el traspaso directo del dinero de Ferrovial a CDC van a propiciar el regreso de Artur Mas al Parlament para declarar de nuevo sobre esta cuestión. Todos los grupos parlamentarios, excepto JxS, lo solicitaron ayer. Al sumarse la CUP a la petición, difícilmente se podrá evitar. En las sesiones de 2013, siendo presidente de la Generalitat y de CDC afirmó lo siguiente: “Si llego a la conclusión, después del proceso judicial, de que ha habido dinero cruzado entre el Palau de la Música y CDC, se devolverá hasta el último céntimo de euro”. El desastre político amenaza al Pdcat; la ruina económica intentarán limitarla a CDC, jurídicamente viva justamente para frenar el contagio de las sanciones.  

 

Jordi Mercader es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.