El Departamento de Gobernación de la Generalitat ha convocado un concurso público para seleccionar a las empresas interesadas en proporcionar papeletas, sobres, manuales y cartelería para las mesas electorales de una convocatoria electoral sin precisar. Esta licitación por valor de 775.000 euros ha coincidido en el tiempo con la aprobación del presupuesto autonómico y con las críticas formuladas por la CUP por el retraso en los trabajos preparatorios del referéndum, recordando que, en Escocia, un año y medio antes de la celebración del referéndum ya se conocía fecha y pregunta.

La CUP apuntaba inequívocamente al vicepresidente Oriol Junqueras, responsable político de la organización. Sobre el líder de ERC pesa la sospecha generada por el independentismo radical de estar trabajando poco en la preparación del referéndum; atribuyendo dicha pasividad al supuesto interés personal en un adelanto de las elecciones que le llevarían a la Presidencia de la Generalitat. El desconocimiento del estado administrativo del expediente y de los concursos públicos necesarios para la preparación de una consulta avalan el runrún de esta desconfianza en el dirigente republicano. Incluso lo divulgan los sectores del independentismo moderado que en la intimidad prefieren posponer el choque con el Estado asociado al referéndum, pero a los que les viene bien socavar las perspectivas electorales de Junqueras con esta acusación velada de anteponer su beneficio político a la ilusión del soberanismo.

Junqueras intentó en las últimas semanas contraatacar esta campaña de desinterés por el referéndum con la propuesta de una firma colectiva de todo el gobierno del decreto de convocatoria para compartir con Puigdemont la previsible inhabilitación que este acto administrativo le supondrá al presidente. Los efectos de esta maniobra de solidaridad en la desobediencia fueron muy limitados al quedar en evidencia que tal posibilidad debía remitirse al redactado de la ley de transitoriedad jurídica de la desconexión que difícilmente entrará en vigor dada la celeridad del TC en su actividad anti Procés.

La coincidencia del concurso publicitado para adquirir papeletas electorales por la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, del Pdecat, con la aprobación del presupuesto de 2017, habilitando una partida generosa para gastos electorales competencia de la Generalitat tiene diversas lecturas. Desde las malévolas, apuntando a un intento de comparación de eficacia entre consejeros de uno y otro partido para subrayar la pasividad de los republicanos; a las circunstanciales, explicando que el concurso venía tramitándose con anterioridad y no responde a la nueva disponibilidad presupuestaria, ni existe ninguna vinculación con el referéndum de independencia.

Todo podría verdad y el resultado concretarse en una mayor presión a Jonqueras para acelerar los preparativos de la convocatoria, al margen de especulaciones políticas sobre lo que mejor le conviene a él. En el caso de no producirse estos avances, en materia de informática, infraestructura de personal, concursos publicitarios, formulación de pregunta y fijación de la fecha, el rumor de su desinterés crecerá exponencialmente para alegría de sus adversarios políticos, los mismos con los que comparte gobierno.

La exigencia a Junqueras de una aceleración de los trabajos y la divulgación de sus progresos para tranquilizar a los impacientes se contradice al secretismo de los preparativos legales y materiales decidido (y aplaudido) por la mayoría de JxS y la CUP para evitar la impugnación del TC. Se pretende sorprender a los guardianes de la Constitución con un histórico último minuto en el que todo se apruebe y se ponga en marcha, inevitablemente. Por eso, la licitación de papeletas y sobres en blanco, a la espera de una posterior decisión sobre contenidos, puede servir tanto para unas elecciones como para el referéndum.

Dispuestos a desobedecer en la mayor (en el ejercicio de una soberanía no reconocida), el traspaso administrativo de los recursos económicos disponibles para una finalidad diferente a la inicial será peccata minuta.  De la misma manera que disimulada por el humo de la disposición de los presupuestos que anuncia el referéndum, que será, sin duda, anulada, existe una partida millonaria para la celebración de consultas y elecciones perfectamente compatible con el Estatuto. Lo llaman astucia.