Los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos españoles están convocados a la huelga del 20 al 25 de febrero, con paros en todas las horas impares, en protesta por el decreto de liberalización que ha preparado el Gobierno. la huelga ha sido convocada por la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar, UGT, CCOO y CyG.
Cabe recordar que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014 contra el Estado español que considera la actual regulación de la actividad portuaria española contraria a los tratados comunitarios porque vulnera a la libre competencia. El Gobierno se enfrenta a una sanción de 21 millones de euros si no cumple la resolución judicial y por el el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna ha elaborado en real Decreto que quiere que convalide el Congreso por vía de urgencia. La cuestión es sí el Real decreto que prepara el Gobierno se hace para favorecer únicamente al lobby empresarial y bajar el sueldo de los estibadores de los 68.000 euros brutos al año a 27.000.
¿El sindicato tiene el monopolio de la contratación?
Los estibadores son herederos de un trabajo muy duro del que dependió el comercio mundial durante siglos. Los avances tecnológicos y el empleo de maquinaria lo han hecho menos duro, pero siglos de explotación y dureza convirtieron a estos trabajadores en grupos muy unidos, combativos y poderosos en todos los puertos del mundo. En España la contratación de estibadores se rige por un modelo que en toda la UE solo utilizan dos países: España y Bélgica. Este modelo se basa en unas "sociedades de gestión de trabajadores" (Sagep) en cuyo capital deben participar las empresas que hacen el descargue y contratar a los empleados de dichas sociedades. Esto, en opinión de las empresas operadoras y del Gobierno, vulnera las leyes de libertad de contratación y ha provocado prácticas de "enchufismo y nepotismo" según fuentes de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) que engloba a las principales concesionarias de descargas como Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé.
Denuncian un ERE encubierto
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, denuncia que el Real Decreto del Gobierno es un ataque frontal a los trabajadores, que solo beneficia a las empresas y que se trata de un ERE encubierto porque será el estado (Puertos del Estado) y no las empresas quien pague la antigüedad de los trabajadores e incluso las indemnizaciones en caso de que los trabajadores sean despedidos. En definitiva, el Sindicato considera que la liberalización no es más que abrir la puerta para mano de obra barata en los puertos y la pérdida de derechos.
El Ministerio de Fomento niega todas esas acusaciones y asegura que, con la nueva norma, además de cumplir con Bruselas, se crearán muchos puestos de trabajo.
Los empresarios piden una bajada de sueldo del 60%
La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), el ‘lobby’ que agrupa a las principales concesionarias de terminales, ha encargado un informe a la consultora PwC titulado ‘Avanzando hacia un modelo portuario más competitivo’, al que ha tenido acceso El Confidencial. En él se ponen cifras a ese recorte en las nóminas, desde una media actual de 67.800 euros de sueldo bruto anual para un estibador hasta los 26.934 euros, el citado 60% menos.
No sólo se plantea una rebaja salarial del 60%, sino que las empresas quieren que además los estibadores trabajen más: 334 horas más al año y pasar 1.876 horas frente a las 1.542 actuales. Argumentan que la liberalización del sistema actual de contratación de trabajadores para la carga y descarga de barcos podría tener un impacto positivo sobre la economía española de hasta 2.400 millones de euros, el 0,22% del producto interior bruto.
En definitiva, los empresarios piden que los estibadores cobren un 60% menos por trabajar 334 horas más al año. Y piden también que Puertos de Estado gane menos. En definitiva, solo piden ventajas y ganancias para ellos.
