Pese al “sólido” crecimiento de la economía”, en España hay riesgos claros de exclusión social. Esta es una de las conclusiones y advertencias que ha presentado este miércoles la Comisión Europea en su Informe para España del 2017.

Pero este informe dice dos cosas que, aparentemente, se contradicen. Un dato bueno que no implicará la salida de los problemas laborales del país. Y es que, mientras que aseguran que España está en el camino correcto, una senda que lleva a una “fuerte recuperación” y a un crecimiento “sólido”; también mantienen que esto no ayudara a resolver los problemas económicos que arrastra España.

La precariedad laboral, paro, el desajuste en las cuentas públicas, el incumplimiento del déficit… no desaparecerán ni se verán reducidos pese a al crecimiento económico y los esfuerzos aplicados.

Bruselas destaca el uso “generalizado” de contratos temporales, que desembocan en una bajada en la productividad. Unos contratos que, según ha denunciado Bruselas, suelen fracasar al estar ligados a malas condiciones de trabajo y a un elevado riesgo de pobreza.

Fijándonos en las cifras, el 22,6% de los hijos de trabajadores están en riesgo de pobreza, un número que supone el mayor porcentaje de toda la Unión Europea.

Por todo esto, Bruselas ha vuelto a pedir más ajustes. “Se han tomado medidas para fortalecer la competitividad, pero acciones adicionales ayudarían a mantener el superávit exterior, asegurar una reducción sostenible del déficit público y apoyar el crecimiento”. Entre las posibles medidas a tomar apuntan a que hay que endurecer la reforma laborar actual.

Mano dura con las CCAA

El informe presentado tiene otra vertiente a tener en cuenta. Bruselas ha vuelto a exigirle al Gobierno que use mano dura con las Comunidades autónomas, que las vigile con lupa, para que todas lleguen a cumplir los objetivos de déficit público.

Así, han criticado que en España no se estén usando las leyes aprobadas para evitar desviaciones y para sancionar a las comunidades que cometan exceso en el gasto.

"La cooperación de los gobiernos regionales es crítica para que España alcance sus objetivos fiscales. El uso limitado de las herramientas preventivas y correctivas disponibles en la legislación doméstica (...) no han proporcionado los suficientes incentivos para la disciplina fiscal", se puede leer en el informe.