Señoría, pido la palabra. Quisiera exponer el proceso de acoso y derribo al que se está sometiendo a los fiscales que luchan contra la corrupción. Son muchísimos los casos, sólo esta semana han sido cambiados o confirmados 35 cargos, así que me centraré en el más reciente. Con su venia, presentaré el caso de Manuel López Bernal, hasta ahora fiscal jefe de Murcia. El señor López Bernal ha sido relevado de su cargo, cuando se encontraba en pleno proceso abierto contra el señor Pedro Antonio Sánchez, presidente de la comunidad murciana, imputado en el caso Auditorio y con petición de imputación por parte de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa por el caso Púnica. 

Dejo constancia de que el señor Manuel López Bernal venía denunciando ante sus superiores, la persecución contra su persona y la de otros fiscales que investigan los presuntos casos de corrupción del Partido Popular en la comunidad murciana, sin que hasta el momento hubiera recibido la mínima atención y apoyo. Se han presentado acusaciones contra el fiscal, promovidas por asociaciones particulares de sospechosa reciente formación, sobre casos acaecidos hace más de tres décadas y que, por falta absoluta de base legal, han sido desestimadas por el juez. Estas acusaciones se han realizado, a mi modo de entender, con clara intención intimidatoria. Lo sé señor juez, es una suposición, pero permítame que antes de recriminármelo pueda argumentan otros hechos que, a mi modesto modo de entender, dan credibilidad a mi acusación.

Haré referencia al caso del fiscal anticorrupción en la comunidad murciana, Juan Pablo Lozano. La casa del fiscal anticorrupción ha sido asaltada en dos ocasiones y, en ambas, los presuntos ladrones han dejado intactas las pertenencias de valor y han sustraído, exclusivamente, el ordenador de este servidor público. Sólo cabe suponer que quien o quienes asaltaron la vivienda del señor Lozano no eran simples ladrones, sino sicarios contratados para realizar un trabajo de hostigamiento.

Y yo me pregunto señoría, ¿quién puede estar interesado en amedrentar al fiscal que investiga los casos de corrupción en los que están siendo investigados diversos cargos del Partido Popular, entre ellos el presidente de la comunidad? Sé que mi acusación, sin que se haya podido identificar a los asaltantes, puede resultar imprudente, pero coincidiremos en que en la base de una buena línea de investigación criminal, se debe responder siempre a la pregunta ¿quién se beneficia del delito? 

Comprenderá que mi enorme preocupación no la provoca dos simples robos, o el acoso a los fiscales, sino el posible origen de estos actos. Si mis suposiciones fueran ciertas, y creo tener una base más que razonable para creerlo, estaríamos enfrentándonos a un evidente caso de organización criminal en el poder. Siguen siendo conjeturas, y es posible que si se continúa persiguiendo a los fiscales se queden para siempre en eso, pero de ser ciertas estaría en peligro la propia existencia del Estado. 

Mi inquietud, señoría, aumenta cuando escucho las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien en vez de mostrarse preocupado por estas revelaciones, carga contra quienes las denuncian. Sé que me voy a ganar su reprobación, pero no puedo terminar este alegato sin afirmar que todos los indicios conducen a pensar que el señor ministro y quien lo mantiene en el cargo, no sólo son conocedores de los actos delictivos a los que he hecho referencia, sino que están en el origen de los mismos. No hace falta que lo diga señoría, abandono de motu propio la sala.