La primera legislatura de Mariano Rajoy será recordada por el incumplimiento sistemático de su programa electoral, los recortes, las subidas de impuestos o la reforma laboral en la línea de la precarización laboral. Y también estará para siempre vinculada a la movilización y la crispación social. El Gobierno reaccionó en dos sentidos: con una ‘ley mordaza’ con la que intentar acotar las protestas y con discursos para minimizar el patente malestar. Rajoy recurrió entonces a un concepto al que se aferró alguien tan impopular como Richard Nixon, el de “mayoría silenciosa”. Es decir, que el presidente podía sumar tranquilamente a su causa, aunque fuera imposible saber lo que piensan, a todos aquellos que se quedaban en su casa.

Cuando Rajoy pisaba la calle…
Pero aunque desde que es presidente a Rajoy no le gusten las protestas no significa que su partido no las alentara cuando estaba en la oposición. Y es que la calle siempre ha sido un elemento de la batalla política, especialmente por los partidos en la oposición. Fue el PP precisamente el que llevó a la máxima expresión el intento de instrumentalizar las protestas durante la legislatura de Zapatero y mientras otras plataformas convocaban (como AVT o HazteOír) el partido de Rajoy alentaba la participación en manifestaciones contra el terrorismo o el aborto. Los populares incluso llegaron a simultanear estar detrás de la pancarta y convocar directamente una macroprotesta con la excusa de ETA. El objetivo último era deslegitimar al Gobierno y exigir la dimisión de Zapatero.

El Gobierno en minoría abre nuevas expectativas
La bandera de las movilizaciones desde el 2012 en contra de los recortes y la austeridad la llevó la Cumbre Social, la plataforma que aglutina a decenas de organizaciones cívicas, desde los sindicatos mayoritarios hasta ecologistas, defensores de los derechos LGTB, minorías, etc. Ahora ha vuelto para reclamar la recuperación de los derechos sociales con el referente de la conseguido con la LOMCE, la reforma educativa sin consenso impuesta por Wert y que fue paralizada gracias a la acción conjunta de las protestas y las iniciativas parlamentarias de la oposición ante un Gobierno ahora en minoría. 

El objetivo de los derechos laborales
Por ejemplo a la hora de convocar a los afiliados a la manifestación del 18D para recuperar los derechos laborales y los salarios dignos, CCOO de Madrid apuntaba que “después de un largo periodo durante el cual han primado las expectativas electorales de un cambio político y como consecuencia se ha debilitado la movilización social, debemos retomar el pulso” para mostrar “un clamor de rechazo a las políticas fracasadas del PP” y dar “un empujón en el nuevo contexto político y social para conseguir las reivindicaciones por las que llevamos años movilizándonos”. Aquella manifestación del 18D reunió solo en Madrid -había convocatorias por toda España- a 30.000 personas según los convocantes y 4.000 según la delegación de Gobierno. A la conclusión de la misma UGT y CCOO advirtieron a Rajoy de que continuarían con las movilizaciones si no se aviene a negociar. A la marcha acudieron el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el de IU, Alberto Garzón, o el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez.

Motivo de confrontación en la oposición
Las movilizaciones han sido motivo de disputa en el seno de Podemos como parte del debate entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ sobre si hay que primar más el activismo cívico o el papel en las instituciones. Pablo Iglesias ha llegado a participar en una concentración de trabajadores de Coca-Cola frente a la sede nacional del PP en Génova 13. Pero sobre todo ha sido motivo de disputa entre Unidos Podemos y el PSOE en torno a unas movilizaciones en concreto, las relativas a la pobreza energética. Esas tensiones se reflejaron en una concentración del 21 de diciembre cuando Rafael Mayoral llamó “provocadores” a miembros del PSOE que secundaron la protesta horas después de firmar un pacto contra la pobreza energética con el Gobierno del PP.