Si hay unos Carnavales en Madrid que se recordarán durante años, sin duda, estos son los del pasado 2016. No por su diversión u originalidad, sino por una frase: “Gora Alka-ETA”, unas apalabras escritas en una pancarta de una obra de títeres que acabó con dos jóvenes detenidos y en prisión provisional durante cinco días por, según se entendió en un principio, enaltecimiento del terrorismo.

Después de un revuelo político importante, después de que los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García quedaran en libertad y sufrieran amenazas e; importante, tras dar fin a la campaña y celebrarse las elecciones del 26J con la victoria del PP, llegó el archivo de la causa principal. La Justicia entendió que no se había producido enaltecimiento del terrorismo de ETA en la obra La bruja y Don Cristóbal. El Partido Popular no dudó en usar el caso de los titiriteros para intentar erosionar al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena y, por extensión, a Podemos. 

Ahora, con el PP y Mariano Rajoy ya en el Gobierno, la segunda causa que quedaba abierta contra los dos titiriteros por un delito contra los derechos fundamentales también ha sido archivada. Casi un año después de un hecho que alteró casi el funcionamiento del país, parece que no pasó nada.

Archivo tras archivo

El pasado 28 de junio de 2016, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno daba por cerrada y archivaba la causa contra los titiriteros por un delito de enaltecimiento al considerar que la obra, que representaron ante los niños en el Carnaval, no buscaba el apoyo a ETA.

En el auto, al que tuvo acceso ELPLURAL.COM, el magistrado consideró que con su obra La bruja y Don Cristóbal los titiriteros no quisieron "elogiar, enaltecer, alabar o justificar la actividad terrorista o menospreciar o humillar a las víctimas de delitos terroristas o sus familiares".

Aun así, quedaba abierta una segunda causa. Los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla tenían que investigar si se había recaído en un delito contra los derechos fundamentales y de odio. 

Este miércoles, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid ha acordado el “sobreseimiento provisional y archivo” de este segundo procedimiento. Entienden que no se dio un delito de odio “cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”.

Con ello, se da carpetazo a un procedimiento más político y mediático que jurídico que los dos titiriteros no olvidarán.