El exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que aguantó en el cargo desde 2004 hasta 2011, cree que la responsabilidad penal del Yak-42 está "zanjada" y que el dictamen del Consejo de Estado es de carácter "moral", por lo que ve poco viable una reapertura del caso. El ahora magistrado del Tribunal Supremo participó en un foro de la revista Vanity Fair en el que debió abordar varios asuntos de actualidad, ya que instruía el procedimiento abierto a la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, por lo que tuvo que declarar ante él dos días antes de su muerte.
La muerte de Rita
El magistrado lamentó el fallecimiento de la senadora y apuntó que durante el interrogatorio fue escuchada "con todo respeto" y tuvo oportunidad de defender su inocencia. "No considero que su fallecimiento esté vinculado al proceso ni a los medios", subrayó en una explicación contraria a las tesis difundidas por el PP. En cualquier extremó la prudencia respecto a los populares y apuntó que el proceso por presunto blanqueo estaba en una "fase muy inicial" y que apartar a alguien de su cargo puede ser "contraproducente".
Caso Nóos: "No pensaba que fuera a tocar a la Casa Real"
También aludió, respecto a la inminente sentencia del caso Nóos, a su papel en la investigación cuando era Fiscal General. Así, defendió que creó una unidad específica en Baleares contra la corrupción ante lo que se percibía como una situación de "invulnerabilidad" con un partido bisagra que determinaba los Gobiernos de las islas. "Hoy ese partido está casi desaparecido y su presidente en prisión", apuntó en una nueva alusión a UM y María Antonia Munar, y sentenciando que esa situación "anómala" ha sido frenada. Defendió asimismo "el criterio" del fiscal Pedro Horrach, integrado en ese equipo anticorrupción que él creó y que se opuso a la imputación de la Infanta Cristina en contra del parecer del juez Castro. "No pensaba que fuera a tocar a la Casa Real", matizó en cualquier caso sobre el devenir del caso.
Críticas al actual proceso de instrucción
Conde-Pumpido, que suena recurrentemente como candidato a presidir el Tribunal Constitucional, inició su intervención presentándose como alguien experimentado y "no políticamente" correcto, pero fue muy cauto en sus pronunciamientos, entre otras cosas recordando las "limitaciones" propias de su cargo a la hora de hacer declaraciones. Defendió que la Constitución hay que tocarla "poco" aunque se puedan modificar aspectos puntuales. Eso sí, abogó por una profunda reforma de la justicia y del Código Penal que corrija el hecho de que España vaya en una "dirección diferente" al resto de Europa, deslizando ahí críticas al papel de las acusaciones particulares tipo "Manos Negras" que conllevan una "privatización" de los procesos y su eternización. También lamentó el excesivo poder de los jueces instructores y la abundancia de aforamientos, abogando por su limitación pero no por su supresión. Tachó el actual proceso de instrucción de "napoleónico", "decimonónico", "inquisitivo", "lento" e "inseguro", añadiendo que cree que el ministro Catalá tendrá "la valentía" de afrontar su reforma.
Réplica a Robles: "Ese es el argumento corporativo de los jueces"
En el punto de las críticas a la instrucción tuvo un desencuentro con la diputada del PSOE y exjueza Margarita Robles, presente en el foro y que alertó de que la limitación de la instrucción podía afectar a la independencia de las investigaciones judiciales. Conde-Pumpido le replicó que "ese es el argumento corporativo de los jueces" que "temen" perder poder en los procesos, aunque se mostró de acuerdo con Robles en reforzar la autonomía de los fiscales respecto a los Gobiernos. En cualquier caso defendió que la figura del Fiscal General se había reforzado en los últimos tiempos ya que antes duraban "una semana" y él pudo mantenerse por ejemplo dos legislaturas.
