El equipo de defensa del exteniente Luis Gonzalo Segura ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en una acción impulsada por la Plataforma x la Honestidad, asociación que defiende la protección del denunciante de corrupción. El recurso ha sido eleborado por la abogada Verónica Luque, especialista de libertad de expresión, con el soporte del jurista Carlos Urrestarazu y del abogado procesalista Xavier Lanaspa.
Josep Jover, letrado coordinador de la defensa, es consciente de las dificultades: "El Tribunal Constitucional rechaza del orden del 98,92 % de los recursos que los ciudadanos presentan, aunque se tenga la razón, no somos en nada optimistas sobre este recurso, como no puede serlo ningún ciudadano español sobre su Constitucional". "Se admiten los recursos del gobierno y de las Comunidades... y unos pocos más, para disimular", advierte. "Como no seas el gobierno del estado, pasarán años y años antes de tener sentencia", apunta en el caso de que se admitan los recursos.
Ineficiencia del tribunal
Ante la parálisis del Constitucional, Jover apunta que se deben tomar medidas en la dirección de la protección del denunciante: "Si uno de los motivos del amparo reconocido es la de adaptación al cambio social, a los nuevos requerimientos sociales, como sería actualmente el caso de la lucha contra la corrupción, parece que nada debe haber cambiado en este país desde el siglo pasado".
"Las estadísticas sitúan al Constitucional Español como uno de los menos, digamos eficientes, de Europa y del mundo, contando incluso a los tribunales internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos multiplica por entre 7 y 10 la admisión de recursos, teniendo cifras parecidas la Corte Suprema de los Estados Unidos y con sólo 9 jueces... y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el 98,82 % de rechazos, se convierten en admisiones; con una duración media por procedimiento de de entre 14 y 17 meses, situándose como uno de los más eficientes", recuerda Jover.
