El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes se ha dado de baja de la Seguridad Social, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno y eliminó la financiación estatal a estas aportaciones, establecida en la Ley de Dependencia de Zapatero.  

En noviembre de 2016, último mes del que hay datos, 9.816 cuidadores no profesionales cotizaban frente a los más de 170.000 que había en diciembre de 2011, cuando llegó al Gobierno Mariano Rajoy e implantó, en julio de 2012 el decreto ley mediante el cual el Ejecutivo trasladó la obligación del pago de las cuotas a la Seguridad Social, que hasta entonces asumía el Estado.

De 171.713 a 25.350 cotizantes
En noviembre de 2012, los cuidadores no profesionales de dependientes, en su mayoría familiares y mujeres de mediana edad, dadas de alta en la Seguridad Social pasaron a ser 25.350 cuando el mes anterior había 171.713 cotizando, según explica la respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, de la que da cuenta El País.

Sin derecho a pensión
El diputado del PSOE recuerda que el Gobierno de Zapatero, con la Ley de Dependencia, estableció “una cotización a la Seguridad Social a los cuidadores familiares”.  En el 93% de los casos estos son mujeres, en torno a los 50 años y escasos recursos económicos que en la mayoría de casos no había cotizado nunca o había dejado de trabajar para cuidar a sus padres u otros familiares. “Cuando llegaran a la edad de jubilarse no iban a tener derecho a una pensión, de ahí que planteásemos esa cotización a la Seguridad Social para que tuviesen una pensión digna. Entraba dentro del desarrollo de la Ley de Dependencia”, ha explicado Heredia.

El PSOE ha planteado una iniciativa en el Parlamento que incluye la incorporación “con carácter inmediato” al régimen general de la Seguridad Social de los cuidadores familiares de dependientes.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi mil millones de euros. El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia tras la aplicación del decreto de 2012 supera los 3.500 millones.