Política
El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull.
El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull
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EFE

La democracia catalana pierde excelencia

El Parlament de Catalunya quiere sorprender al Estado con una ley secreta aprobada con nocturnidad, si es necesario

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Sáb, 18 Mar 2017

La estrategia de la mayoría independentista del Parlament de Catalunya pasa por sorprender al Estado con una tramitación exprés de una ley de transitoriedad jurídica elaborada en secreto para sustentar la convocatoria de un referéndum. Así se pretende evitar la impugnación y la correspondiente prohibición del Tribunal Constitucional durante el debate parlamentario. Su aprobación tal vez se haga en horario nocturno, así, cuando el TC despierte, todo estará listo para la confrontación de legalidades.

La astucia de los dirigentes de JxS y la CUP no tiene límite, aunque para seguir con este juego haya que retorcer la democracia parlamentaria hasta ahogar los derechos de los diputados de la oposición. Y violentar uno de sus argumentos preferidos: la contraposición de la vigorosa democracia catalana con la democracia enferma del Estado español. Francesc Homs fue algo más lejos en su alegato final ante el Tribunal Supremo: el Parlament es una cámara democrática por excelencia porque nunca ha dictado leyes sin democracia, a diferencia de las Cortes españolas que no gozan de este título de honor por haber legislado durante el franquismo.

Ahora parecen dispuestos a transgredir el impoluto expediente del Parlament con la modificación del reglamento para permitir que un solo grupo pueda presentar una proposición de ley para ser aprobada por el procedimiento de urgencia en lectura única. La lectura única estaba reservada a la iniciativa del gobierno o de una ponencia conjunta de todos los grupos parlamentarios. La lectura única, combinada con la posibilidad de modificar el orden del día del pleno durante su celebración, abre las puertas a la aprobación sorpresa de la ley de desconexión cuyo contenido no se conocerá hasta el último minuto.

La gravedad de la operación no radica tanto en la generalización del método de lectura única (existente en muchas cámaras) sino en el hecho de querer aplicarlo a la ley que pretende abrir las puertas a la independencia con un referéndum unilateral. No parece razonable que pueda discutirse y aprobarse en dos horas una ley de esta relevancia, la más controvertida y polémica que haya aprobado nunca el Parlament, de consecuencias imprevisibles para la Generalitat, para las relaciones entre Catalunya y España y para los propios catalanes, simétricamente divididos en esta cuestión.

La defensa de su plan ya no puede subrayar la supuesta diferencia en la calidad democrática de unos y otros; en realidad, apela al derecho a equilibrar a la baja la democracia catalana para conseguir sus propósitos ante un estado que a su juicio incumple las reglas de juego democrático al impedir la celebración de un referéndum de independencia.

La independencia ya no parece ser únicamente una cuestión de escrupulosa democracia, como han venido proclamando partidos y entidades soberanistas, sino también de pragmatismo táctico: si ellos utilizan todas las armas judiciales posibles porque nosotros no podemos hacer todas las maniobras a nuestro alcance. Incluso alguna broma, como la de multar a los diputados que no participen de la ponencia conjunta; hipótesis que no dejó de ser una provocación, tal como explicó posteriormente quien sugirió la hipótesis, el portavoz de JxS, Jordi Turull.

El precedente que utilizan en la justificación de su vía exprés es el de la modificación de la Constitución para incluir en el artículo 135 el límite de déficit público, aprobada en setiembre de 2011 por PSOE y PP por la vía de urgencia. Aquella iniciativa de José Luís Rodríguez Zapatero pactada con Mariano Rajoy permitió cumplir con los deseos de la Unión Europea, sin embargo, levantó numerosas críticas políticas y jurídicas por la falta de debate democrático en una cuestión tan relevante. CiU y ERC no ahorraron descalificaciones a aquella reforma constitucional.

Tampoco la oposición en el Parlament les va a ahorrar críticas a la iniciativa de modificación del reglamento para hacer más fácil la hoja de ruta. De hecho, una situación similar ya se produjo hace unos meses, al plantear una ponencia conjunta para la elaboración de las leyes de desconexión, propuesta a la que se negaron Ciudadanos, PSC y PP. Entonces JxS, la CUP siguieron adelante con la colaboración a medias tintas del grupo de CSQEP (Comuns, IC y Podemos) y los tres grupos opositores presentaron un recurso de amparo al TC, que sentenció a su favor por vulneración de sus derechos. Previsiblemente este nuevo intento va acabar de igual manera, en el TC, y con la profundización de la brecha entre la mayoría independentista y la oposición.  

 

Jordi Mercader es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.