Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy no paró hasta acabar en 2014 con la Jurisdicción Universal para no enemistarse con Gobiernos como el de China que temía ver en el banquillo a sus principales dirigentes, el Vaticano acaba de plantear esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la Jurisdicción Universal es una “herramienta importante para asegurar la responsabilidad y evitar la impunidad en casos de graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y para ofrecer reparación a las víctimas”. Así lo refleja Radio Vaticana. Algo no casa bien entre las indicaciones del principal órgano de Gobierno de la cristiandad y la cacareada espiritualidad católica del PP.
El arzobispo Bernardito Auza, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas ha sido el encargado de hablar en una sesión de la ONU afirmando que “cuando las bases tradicionales de la jurisdicción son incapaces de hacer frente a algunos crímenes atroces, y cuando no hay tribunal internacional que tenga competencia, la jurisdicción universal puede convertirse en una herramienta necesaria."
Salvaguardar de usos indebidos
La intervención tuvo lugar en la septuagésimo primera reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas dentro del programa titulado El alcance y la aplicación del principio de jurisdicción universal. Explica Radio Vaticana que el arzobispo resaltó la importancia de salvaguardar el principio de la jurisdicción universal de los usos indebidos o extremos. "Una de estas salvaguardas sería asegurar que su aplicación se efectúe de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las normas jurídicas internacionales, como la soberanía de los Estados y la integridad territorial nacional", explicó.
Rechazó el uso de la jurisdicción universal para lograr objetivos políticos o ideológicos, o simplemente para intervenir en los asuntos internos de otros Estados situación en que no se tendrían en cuenta los principios del derecho internacional, entre ellos la igualdad soberana de los Estados. “Este uso sólo llevaría al descrédito al principio de la jurisdicción universal”, dijo.
Cuando utilizarla
“Muchas delegaciones han señalado frecuentemente a la Comisión que la necesidad de coherencia de la jurisdicción universal es compatible tanto con los principios fundamentales de la justicia criminal, como al derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, etc., y con el derecho internacional consuetudinario. Ello requiere un conocimiento concreto de cuándo y por qué los Estados pueden ejercer la jurisdicción sobre crímenes cometidos fuera de su territorio basa ni en la nacionalidad del autor ni la víctima”.
En su opinión “existe la necesidad de alcanzar una mayor claridad sobre las condiciones que deben estar en su lugar el ejercicio de dicha jurisdicción de última instancia, y para discutir cómo salvaguardar legal nacional sistemas, ayudándoles a ser equitativo, justo y eficiente; y en lo que debe ser el alcance y la admisibilidad de las inmunidades oficiales en casos de jurisdicción universal”.
Herramienta contra la impunidad
“Mi delegación recomienda por lo tanto continuar con el trabajo de recoger la opinión de expertos, de examinar estudios de casos y de llevar a cabo los debates sobre estas cuestiones. Este Comité, con la colaboración de otros organismos como la Comisión de Derecho Internacional y los diversos Tribunales internacionales, está en una posición privilegiada para promover las discusiones y debates sobre estas cuestiones específicas sobre las cuales, en la mayoría de los casos, no ha surgido aún un consenso internacional”, expresó el arzobispo.
Para Bernardito Azua es por tanto necesario “aumentar la cooperación jurídica mutua y el intercambio de experiencias aprendidas en la aplicación del principio de jurisdicción universal”, añadiendo: “Mi delegación continuará siguiendo con gran interés los debates del Comité sobre el alcance y la aplicación del principio de jurisdicción universal, dada la gran buen potencial que puede tener en algunas situaciones específicas de violaciones masivas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Y concluyó: “En los casos en que se haga justicia imposible de aplicar a nivel nacional, la jurisdicción universal puede ser necesario para garantizar que las atrocidades contra los derechos humanos y el derecho humanitario no queden impunes”.
La reforma de Rajoy
España vivió su mejor momento con la aplicación de la Ley de Jurisdicción Universal con casos instruidos por la Audiencia Nacional como el que llevó a la detención de Pinochet en Londres, protagonizado por el magistrado Baltasar Garzón quien dirigió entre otras una investigación sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar Argentina en los que hubo víctimas españolas. El esfuerzo de los jueces de este órgano judicial por continuar estas investigaciones se dio de bruces contra la reforma impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy el 13 de marzo de 2014.
En base a esta reforma que tuvo lugar a causa de las quejas del Gobierno chino por el requerimiento hacia una serie de altos dirigentes de ese país a causa del proceso sobre el Tibet que se instruía en la Audiencia Nacional, España solo puede defender judicialmente a sus víctimas y actuar contra los terroristas si se encuentran en su territorio nacional.
Sin competencia para perseguir el delito
Por el contrario, en otros países europeos, la norma es diferente. Como ejemplo el país vecino, Francia, se declara competente para perseguir un delito en el país donde se cometa, cuando existan víctimas francesas. En cambio España, como numerosos juristas han declarado en repetidas ocasiones, se ve inerme ante una situación de ese tipo.
Expertos internacionales trabajan desde todos los países en fomentar los criterios y principios de la Jurisdicción Universal. El último gran encuentro fue el II Congreso de Jurisdicción Universal de Buenos Aires organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón que se celebró el pasado año 2015. En este foro se concretaron los denominados principios de Madrid Buenos Aires que como novedad propusieron la consideración de crímenes de lesa humanidad a los referidos al medio ambiente y económicos. Estos principios sirven como referencia para juristas de todo el mundo.
¿Influirá el Vaticano en el PP?
En España la situación es grave pues los casos que indagaba la Audiencia Nacional se han ido archivando en su mayoría ante esta reforma. Comentaba a ELPLURAL.COM un jurista especializado en esta área con cierta ironía: “Habrá que ver si la postura del Vaticano influye de algún modo en el planteamiento de los responsables del Partido Popular quienes ponen siempre por delante su honda vinculación con la Iglesia católica y restituyen la Ley”.
Y añadía: “ Quizás lleguemos así a averiguar la verdad de casos como el del cámara de Telecinco José Couso muerto a tiros por militares estadounidenses en Bagdad en abril de 2003, un caso que el juez que lo instruía, Santiago Pedraz se vio obligado a archivar deplorando la reforma de la Ley que no permitía hacer justicia”.
