Después de desprestigiar e intentar conseguir que se retirase como prueba fundamental el documento Excel donde se anotaron los gastos hechos con las tarjetas back de Caja Madrid, parece que la nueva estrategia de las defensas de algunos de los principales acusados es denunciar que se les ha juzgado y condenado públicamente.

Si lo ponemos en palabras del letrado del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, con la presión mediática “se consigue lo que hacía la Reina de Corazones con un criterio muy autoritario, que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí". Así, no ha dudado en citar una de las expresiones más celebres de la novela de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.

Carlos Aguilar ha asegurado que los 65 investigados por un supuesto uso fraudulento de las tarjetas black han sido "ipso facto laminados" en el proceso judicial y que lo que se ha buscado ha sido "cortarles la cabeza" con una "condena anticipada". Estas han sido sus conclusiones después de 18 días de juicio.

"La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012, nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo", ha expuesto, responsabilizando del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.

Pruebas manipuladas

Pero su primera estrategia, la de asegurar que el Excel no era válido, no ha quedado en el olvido. Ante el tribunal, el abogado ha denunciado que las pruebas usadas por la acusación han sido usadas y manejadas "de manera indebida y sin respeto a la buena fe". Por ello, por considerar que las pruebas han sido manipuladas, ha pedido la obsolucioón de Blesa. "En absoluto existe una prueba legítima de cargo", ha alegado, para añadir que este proceso judicial tiene un origen "ciertamente oscuro".

Aunque su letrado asegure que se le ha prejuzgado, Blesa todavía no ha sido condenado. La Fiscalía pide para él seis años de prisión por cargar a su tarjeta 436.688 euros. El exdirectivo precisó en su declaración ante el tribunal que su tarjetas era de libre disposición y que los organismos reguladores nunca pusieron tacha a esta práctica.