Dejadez y abandono. Son los calificativos que emplea la asociación progresista Jueces para la Democracia para referirse a la inacción en la gestión de los edificios judiciales por parte del gobierno regional de Cristina Cifuentes “desde tiempo inmemorial”. Tras el incendio que se produjo en dos juzgados de Torrejón de Ardoz, la indignación es patente entre los profesionales de la Justicia contra el Ejecutivo madrileño. JpD afirma su intención de apoyar la iniciativa de los jueces decanos de Madrid que estudian poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que, dicen, pueden ser constitutivos de delito contra los trabajadores. 

Precisamente esta reacción de la Sección Territorial de Madrid de Jueces para la Democracia, se ha producido tras conocer el comunicado de los jueces Decanos de Madrid. Y también una vez que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid convocase con carácter de emergencia la Comisión Mixta de la Consejería de Justicia de la Región y la Sala de Gobierno del TSJM. El objetivo de esa reunión es el de analizar detenidamente la situación de las infraestructuras judiciales en la Comunidad de Madrid. 

La respuesta de la CAM es la inacción

“El objetivo es llamar al diálogo con el fin de lograr un plan urgente de actuación”, dice JpD. El problema de fondo es que el incendio que tuvo lugar el 11 de enero en el edificio de la calle Granados nº 18 de Torrejón de Ardoz, sede de los juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de dicha localidad “no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la situación de dejadez y abandono de los edificios judiciales por parte del gobierno regional desde tiempo inmemorial”.

 “La única respuesta de la CAM es la inacción, la directriz de “no política” que ya quedó perfectamente reflejada en el artículo “Madrid, balada triste de la Justicia” que fue publicado el 10 de marzo de 2011. En el 2017 los hechos nos demuestran cómo, en esencia, todo sigue igual”, continúan los jueces progresistas.

Situación calamitosa

Lo peor en su opinión es que esto viene de atrás e indican que este momento que atraviesa la Administración de Justicia en Madrid, “no es sino una situación crónica que año tras año queda perfilada en las distintas memorias de la actividad judicial y que no puede perdurar más”.

Añaden que ante situaciones como las vividas el 11 de enero son consecuencia “de la calamitosa situación de las infraestructuras que generan peligros -previsibles y evitables- para la ciudadanía y para los hombres y mujeres que tiene entre manos este difícil hacer que es la Justicia” y que ante ellas “el ejecutivo regional debe de dar una respuesta acorde a la gravedad de los hechos y estar a la altura de sus obligaciones y de su responsabilidad”, continúan”.

La asociación judicial progresista valora en particular la acción de la magistrada decana de Torrejón de Ardoz “quien el 16 de enero decidió clausurar la sede de los dos juzgados hasta la recepción de un informe técnico que descartase que las condiciones medioambientales podían suponer un riesgo para la salud de las personas que trabajan y las que acceden a las instalaciones judiciales”.

Recuerdan que “en el momento de tomar esa difícil decisión fue apoyada sin fisuras por la Comisión Interasociativa de Madrid”, es decir por el conjunto de asociaciones de jueces.

Posible denuncia ante la Fiscalía

Aplauden también la reacción de los Decanos de Madrid, que en un comunicado han señalado que “estos hechos podrían llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores, por lo que cabría plantearse la posibilidad de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse los medios necesarios para solventarlos”.

“Decanos y decanas reclaman poder desempeñar nuestro trabajo en unas instalaciones dignas y propias de lo que es un servicio público esencial, son esfuerzos que llegan donde llegan y que además no deberían ocupar el tiempo, ni generar preocupaciones añadidas a los jueces, quienes ya asumen una excesiva carga de trabajo para dar la respuesta que la ciudadanía demanda de sus Juzgados y Tribunales”, explican.

El voluntarismo no es solución

Destacan que el voluntarismo de todos los colectivos que diariamente intervienen en el hacer judicial “no puede seguir siendo la única base que sustente el funcionamiento de la Administración de Justicia”. Por ello, Jueces para la Democracia, insta a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid “a hacer viables las medidas urgentes que se propongan desde el TSJ”.

 “Y también para que más allá de ello, apueste por llevar a cabo en lo que resta de legislatura un plan integral en materia de justicia sellado por el consenso de todos los grupos parlamentarios. Acción global y conjunta, que debió acometerse mucho tiempo atrás y que no admite más dilación”, denuncian.