La negligencia de Gobierno y Parlamento es la causa principal de que se haya generado sobresaturación judicial y un grave daño para el principio de seguridad jurídica que marca la constitución. Así lo denuncia la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria que reclaman reformas legales ante situaciones como la que se ha producido con las clausulas suelo. Reclaman también que se active de inmediato la creación de plazas de Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles.
Recuerda la asociación en un comunicado que firma su Comité de coordinación nacional que en respuesta a la crisis los jueces y magistrados destinados en juzgados y Salas del orden civil en España y la Sala 1ª del Tribunal Supremo han venido asumiendo un intenso esfuerzo interpretativo que ha fructificado en avances significativos en la protección de los derechos de quienes contratan en contextos de desequilibrio, en muy diversos ámbitos”.
Negligencia del Gobierno
Resaltan la dificultad que han tenido que sobrellevar los profesionales de la justicia para dar respuesta a estas situaciones: “Se han buscado y encontrado soluciones equilibradas para conjugar la necesaria protección del crédito con los legítimos argumentos que se pueden hacer valer en su contra y sin medios ni apoyo institucional se ha logrado a tiempo, antes de que la crisis terminara”.
“Pero este desempeño no se ha visto acompañado de una atención adecuada por parte del Parlamento y Gobierno cuya negligencia es la principal causante de que se haya generado un contexto de sobresaturación judicial y de grave daño a esa seguridad que nuestra Constitución (artículo 9.3) dice garantizar”, denuncian.
Dicen también que “el incremento de conflictos provocado por la crisis y las nuevas exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que ha desautorizado repetidamente reglas claves de nuestro proceso) han incrementado la carga de trabajo del orden civil hasta un punto inasumible y es previsible que las recientes sentencias de dicho Tribunal de 21/12/2016 y 26/1/2017 lo extremen aún más”.
Siete millones de hipotecas con cláusulas
Para la asociación judicial es insuficiente el Real Decreto ley de enero de 2007 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Tras señalar que “hay aproximadamente 7.000.0000 de hipotecas y todas incorporan cláusulas de vencimiento anticipado, de gastos y otras potencialmente cuestionables”, destacan que lo que hace falta “es una solución legislativa global pues, por muy esforzada que sea la labor de interpretación y aplicación, no puede lograr la uniformidad que permite la norma”.
“Es imprescindible que, con visión integral, se adapten de una vez las normas sobre consumo a las exigencias de la normativa europea, fijando como ejes de la negociación patrimonial los valores clave de transparencia y buena fe y permitiendo que una depuración ordenada libere la protección legítima del crédito”, añaden.
Recuerda que tan necesario es “que la normativa española se acomode definitivamente y con acierto a la jurisprudencia del TJUE como que se active de inmediato la creación de plazas de Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles”. Y añaden que “al fijar las cargas de trabajo judiciales, el Ministerio y el CGPJ deberán tener presente que la labor del juez civil y mercantil se extiende a procesos que concluyen por resolución firmada por el Letrado de la Administración de Justicia, y no sólo autos y sentencias”.
