Este miércoles una de las leyes que más ha ayudado para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad y no una utopía por la que luchar, cumple 10 años. Hablamos de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombre y Mujeres, una norma presentada y aprobada por el Gobierno socialista de José Luis rodríguez Zapatero.

Una década desees, recordamos las palabras del expresidente en el Congreso de los diputados. Un discurso que fue ampliamente aplaudido y en el que se hablada del inicio de “una sociedad distinta”, de “uno de los días más importantes de la

Legislatura” y “de los más felices” en el que se transformaba para bien y radicalmente para siempre la sociedad española.

Era 15 de marzo de 2007 y Zapatero dijo lo siguiente:

 

Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy es el primer día de una sociedad distinta. El germen de una justicia que aguardaba el momento de aparecer y de instalarse definitivamente entre nosotros brota en el Parlamento español poco más de 75 años después de que se oyera aquí, por primera vez en nuestra historia, la voz de una mujer pidiendo la palabra.

Clara Campoamor inauguraba para España en 1931 la posibilidad legal de abandonar temores y viejas costumbres nacidas del miedo y la ignorancia, nacidas de una triste manera de entender la libertad como un privilegio. En su solitaria defensa del derecho al voto de las mujeres entregaba el mayor tesoro que la razón democrática permite, la posibilidad de construir la historia con voz propia, con ideas propias, con sentimientos propios, desde la aceptación de que la historia es siempre un quehacer compartido, porque convivir significa que nuestra vida hasta en lo más íntimo está siempre abierta a los demás y de ellos depende. Clara Campoamor dirá que la libertad solo se aprende ejerciéndola, ejerciéndola al lado de los otros, que reconocemos, porque así lo son, como nuestros iguales. A Clara Campoamor y a todas las mujeres que han entregado el fruto de su noble convencimiento a las mejores páginas de la dignidad, incluso cuando tales páginas las desconozcan o ignoren, hemos de dedicarle este 15 de marzo de 2007.

A ellas y a las que se quedaron en el camino; a ellas y a todas aquellas a las que la historia quiso robar los sueños; a ellas y a todas las que no saben todavía, porque sus circunstancias personales así se lo imponen, que esa libertad plasmada en el derecho a ser ciudadanas también les pertenece.

Señorías, para el Gobierno hoy es uno de los días más importantes de la legislatura, es también uno de los más felices. Hoy, aprobamos una de las normas más comprometidas con la igualdad de las que se conocen en el mundo. Hoy, el Parlamento español aprueba la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una norma llamada a transformar, a transformar para bien, a transformar radicalmente y para siempre la sociedad española. Es una nueva norma de ampliación de derechos, de garantía de la efectividad de derechos. Hay quien ha dicho que, con la aprobación de dos leyes, la de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia y esta que hoy votamos, la de igualdad entre mujeres y hombres, se justifica toda una legislatura.

Es verdad que ambas estas llamadas a incidir muy significativamente en nuestro modelo de convivencia. Con ellas, nuestra convivencia será más solidaria, será más justa, será más sensible con las oportunidades de realización personal de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. Con estas dos leyes nuestro Parlamento hace honor de la mejor manera posible y como pocas veces a lo largo de estos treinta años de democracia al mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos la doble tarea de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Señorías, a pesar de que la Constitución consagra la plena igualdad entre mujeres y hombres, treinta años después de su aprobación

los datos sobre el número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en cargos públicos o en las empresas, sobre las retribuciones que reciben a igual trabajo en relación con los hombres, sobre el reparto de las cargas familiares o sobre la composición del desempleo por sexos son pertinazmente elocuentes: a la sociedad española le queda todavía un buen trecho para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; recorrerlo exige tomarse definitivamente en serio este derecho constitucional.

Esto es lo que hace la Ley de Igualdad, que hoy comienza a andar. Lo hace gracias a todos, no es solo un mérito del Gobierno. Quiero atribuírselo igualmente a todas SS.SS, como hay que hacerlo con calor y reconocimiento a los interlocutores sociales -CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras- y, sobre todo, hay que hacer un homenaje a las asociaciones de mujeres y, aún más que a ellas, a las generaciones de mujeres que, con tesón, con sufrimiento y con paciente impaciencia han luchado para ganar su derecho a la independencia, al trabajo, al trato igual, a su propia, exclusiva e independiente dignidad. Han logrado finalmente convencernos a los hombres, habéis logrado finalmente convencernos a los hombres no solo de que ellas estaban en lo justo, sino también de que era imprescindible reconocéroslo para ganar en nuestra propia estima y en nuestra propia dignidad.

Señorías, en consonancia con las modernas tendencias del derecho antidiscriminatorio, la ley presenta una dimensión transversal, que le permite proyectar su influencia sobre todos los ámbitos de la vida social donde persiste la desigualdad de hecho para tratar de combatirla y eliminarla. Ello explica que se trate de una ley que ha rastreado el conjunto del ordenamiento jurídico para incidir sistemáticamente sobre él modificando aquellas normas que regulan aspectos relevantes para la igualdad.

Es verdad -me apresuro a decirlo- que mi Gobierno y este Parlamento, con el apoyo unánime de sus miembros, ya se había ocupado al principio mismo de la legislatura de la discriminación de las mujeres. Lo primero que hicimos fue, en efecto, ocuparnos de la discriminación más odiosa que cabe imaginar, la que representa la violencia de género.

Hemos vuelto sobre ello a lo largo de la legislatura, desarrollando la Ley de Violencia de Género mediante medidas de muy diverso orden, y quiero decir una vez más que no cejaremos en nuestra determinación de luchar con todos los medios necesarios contra esa lacra, contra la lacra del machismo criminal.

La Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres pretende actuar preventivamente sobre la desigualdad cómo reaccionar de un modo operativo, efectivo y eficaz sobre aquellos ámbitos tradicionalmente reacios a la presencia y al protagonismo de las mujeres. Para apreciaren su justa dimensión la trascendencia social de esta ley, basta con repasar siquiera sumariamente algunas de las medidas que prevé. En ella se contienen medidas para la igualdad en el empleo, tanto en el acceso como en la formación y promoción profesionales, en las condiciones de trabajo y en la Seguridad Social, con la previsión de adopción por parte de las empresas de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral en el marco de la negociación colectiva, que en las empresas de más de 250 trabajadores deberán ser el resultado de un plan de igualdad negociado con los trabajadores.

Asimismo, se consagran medidas específicas sobre los procesos de selección para la provisión de puestos de trabajo y en los procesos formativos en el seno de la Administración del Estado. La proyección de la igualdad se extiende a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se incluye entre los derechos de los trabajadores y funcionarios la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y se considera a las mujeres como grupo de población prioritaria para las políticas activas de empleo. La ley contiene igualmente medidas para la igualdad en la atribución de las cargas familiares y de fomento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres para la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar, con importantes mejoras de la protección de la maternidad y del régimen de licencias y permisos y con el reconocimiento del permiso de paternidad de 15 días. Estas mejoras se introducen igualmente para los trabajadores autónomos y de otros regímenes especiales de la Seguridad Social.

Además, la ley persigue la integración del objetivo de la igualdad en todas las políticas públicas y con tal fin procura la implicación de los poderes públicos en todos sus ámbitos de actuación. 

Así, la ley contiene medidas específicas de actuación en materia de educación, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, contratación y subvenciones públicas. Como prueba de que el compromiso más exigente con la igualdad efectiva es el que tienen que asumir los propios poderes públicos y en particular la Administración General del Estado, se prevé la creación de una estructura administrativa y de coordinación institucional para garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones de la

Administración del Estado. Operarán una Comisión interministerial de igualdad para la coordinación de las políticas de igualdad de todos los departamentos ministeriales, las unidades de igualdad dentro de cada ministerio para el desarrollo de las funciones relacionadas con la igualdad y el Consejo de participación de la mujer, que tiene como fin servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Instrumento básico en este sentido será el Plan estratégico de igualdad de oportunidades.

Y por último, pero no menos importante, la ley incluye medidas para lograr la igualdad efectiva en la participación en el poder público y social, que vienen de la mano de la adopción del llamado principio de la presencia o composición equilibrada. Es un principio que va a operar en órganos o puestos de responsabilidad, modulando su grado de eficacia en función del ámbito privado o público al que pertenezcan, con unos límites suficientemente flexibles del 60/40 por ciento.

Se pretende alcanzar un reparto equitativo entre mujeres y hombres en el protagonismo político y social; en suma, que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad en cargos públicos o en las empresas de este país. Destaca la proyección de este principio en el ámbito de la participación política, mediante su aplicación a las listas electorales, tanto en el nivel estatal, como autonómico y local, así como en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, en términos razonables y previendo en este último caso un proceso de adaptación de ocho años. Pero los cambios en las sociedades mercantiles en la composición de sus consejos serán, sin duda alguna, cambios que originarán un mejor funcionamiento de nuestras grandes corporaciones mercantiles. Es, pues, una ley ambiciosa, es una ley que, en consecuencia, exigirá un esfuerzo continuado para hacerla efectiva. Por ello, les anuncio que tengo el propósito de encargar específicamente el seguimiento constante de las actuaciones que los poderes públicos y los privados deberemos cumplir con lealtad a lo que hoy aprobamos.

Señorías, la ley que hoy aprobamos contiene estas y otras medidas a favor de la igualdad efectiva de las mujeres, y lo hace bajo la convicción de que no son solo ellas las beneficiarias de esta importante acción normativa, que lo es el conjunto de la sociedad, que lo somos todos. Como objetivo primero está la pretensión de hacerlas justicia, a ellas, a las mujeres, una justicia elemental e inaplazable. Pero está también muy presente en la ley la apuesta decidida por un modelo social sustentado en el equilibrio, en el reconocimiento de las mismas posibilidades de disfrute de libertad para todos, con independencia de la condición, con independencia del sexo. Es realmente una ley de plena ciudadanía, una ley para todos, una ley que pretenden derogar cualquier dominación de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Señorías, las sociedades solo alcanzan verdadera madurez democrática cuando nadie se siente ajeno, extraño, marginado, cuando ser mujer no significa ni renuncias forzadas ni frustrantes sentimientos de culpabilidad, que acaban reproduciendo comportamientos dolorosos e injustos y destruyen las herramientas individuales o colectivas que pudieran impedirlo.

Estoy convencido de que las sociedades solo alcanzarán una verdadera grandeza democrática cuando los hombres y las mujeres que las formen y las hacen mejor cada día son iguales. Por eso la aprobación de la Ley de Igualdad debe ser una celebración. Los españoles y las españolas hemos soñado un futuro y ahora lo tenemos en las manos, en el pensamiento y en el corazón, lo tenemos en la palabra igualdad y en las acciones que van a poder, sin más demora, acompañarla. Tenemos ante nosotros el rostro más sincero de la esperanza y un camino por recorrer, donde colaborar, compartir, cooperar van a constituir en términos cotidianos con el poder transformador que posee todo logro social, todo restablecimiento de la justa dignidad. Delante de nosotros tenemos, a partir de hoy, un espejo del que sentirnos tan orgullosos como responsables. Esta ley acepta el compromiso de consolidar y crear, si así es necesario, una estructura social nueva, de ensayar y aprender una convivencia nueva. Esta ley hace de España un país mejor, porque desde hoy los españoles y las españolas somos por ley absolutamente iguales.

He trabajado -decía Clara Campoamor- para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a buscarlas. Hoy sin duda aquel deseo se hace realidad, por lo que pensando en todas las mujeres que no pudieran cumplir sus sueños, su autonomía personal, su dignidad, ser respetadas, ser vistas por todos los hombres en todas partes y pensando en toda esa historia de dignidad, me siento profundamente orgulloso de representar a un grupo y a un Gobierno que ha impulsado una ley tan hermosa para la igualdad.

Muchas gracias.