Dado el comportamiento de algunos puntos geográficos en España en relación a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el Congreso de los Diputados se ha visto en la tesitura de debatir sobre la efectiva aplicación de la normativa ya que pueblos como Alberche del Caudillo, San Leonardo de Yagüe o Guadiana del Caudillo se niegan a aplicarla. El último episodio se vivió en Alicante, donde el Gobierno Local -un tripartito conformado por Guanyar, Compromís y el PSOE- ha tenido que reponer hasta 46 calles franquistas cuya denominación pretendía cambiar. ¿La razón? Que el PP se ha impuesto hasta tal punto que recurrió a la Justicia. En este sentido, desde ELPLURAL.COM hemos accedido al auto de la causa y te ofrecemos las claves de cómo paraliza el PP la efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Empecemos por el principio. El Ayuntamiento de Alicante, en base a lo acordado por la Junta de Gobierno Local el día 15 de noviembre, comenzó con la retirada de placas de hasta 46 calles, plazas y avenidas con nombres franquistas, un procedimiento bautizado como Cambio de denominación de vías públicas del término municipal. Ante esto, el PP se reservó un As bajo la manga para evitar que esto sucediera: la suspensión del Acuerdo mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo. Dicho de otra manera, el PP solicitaba la adopción de medidas cautelares.

Después de que Luis José Barcala Sierra, portavoz del Grupo Municipal Popular de Alicante, presentara el recurso y este fuera remitido al Juzgado número cuatro de Alicante el pasado 7 de diciembre, el Tribunal dio un plazo de 10 días al Gobierno Local para detener el cambio de placas. El Consistorio alegó que “la medida cautelar pretendida carecía de objeto ya que el acto administrativo ya se estaba ejecutando”. Sin embargo, y a pesar de que la jurisprudencia admite un cierto margen de maniobra en cuanto a autoejecución se refiere, la magistrada María Begoña Calvet Miró decretó que el procedimiento se detuviera de inmediato, y aquellas placas ya cambiadas se repusieran con su nombre original.

La medida cautelar se basa en la máxima de paralizar cualquier procedimiento cuya legalidad haya sido puesta en tela de juicio para evitar que, en caso de fallo contrario al procedimiento iniciado, no se produzca ningún tipo de perjuicio. Y el PP, ha decidido agarrarse a las medidas cautelares para paralizar la efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica.