Finalmente, la denuncia penal del presidente de la asociación Justicia por la Sanidad, Jesús Candel, también conocido como Spiriman, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, ha sido archivada por la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Tal y como ha informado la asociación este viernes en un comunicado, presentó la denuncia el pasado 9 de junio tras recibir “innumerables llamadas de auxilio” de profesionales sanitarios de toda España para exponer que trabajaban en plena pandemia sin Equipos de Protección Individual (EPI).
Según detalla la asociación, la Fiscalía no considera oportuno admitir a trámite la denuncia por su “inconcreción absoluta tanto personal como temporal, con una descripción genérica de los hechos, sin identificar a los trabajadores sanitarios ni concretar las situaciones de riesgo”.
Además, la Fiscalía añade que según el Real Decreto de Estado de Alarma, el ministro de Sanidad es la autoridad competente, pero cada administración (es decir, la comunidad autónoma) conserva las competencias que le atribuye la legislación vigente en relación con la gestión ordinaria de sus servicios. Es decir, que los encargados de dar protección a los sanitarios son las comunidades autónomas.
Por su parte, la asociación recimina a Justicia que no aclare cuando se repartieron las mascarillas con "falsos etiquetados".
“Entendemos que corresponde a la Fiscalía solicitar las pruebas al Gobierno de estos hechos, aperturando primero las correspondientes diligencias de investigación, requiriendo al Ministerio de Sanidad para que aportara las fechas de las compras de material sanitario”, ha indicado la asociación.
